Piden dos años de prisión para el alcalde de Huétor Tájar por presunta prevaricación ambiental

Imagen de archivo del alcalde hueteño, Fernando Delgado. /IDEAL
Imagen de archivo del alcalde hueteño, Fernando Delgado. / IDEAL

La Fiscalía entiende que «hizo caso omiso a las quejas» de una vecina por los ruidos de un supermercado, que se sometió a trece mediciones y «todas favorables», dice en su defensa Fernando Delgado

N.J.G.Huétor Tájar

Esta mañana se celebraba en el juzgado de lo Penal número 4 de Granada el juicio oral por la causa abierta contra el alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, por su actuación en relación a los ruidos emitidos por un supermercado durante ocho años. La Fiscalía pide para el alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, una pena de dos años de prisión, multa de 20 euros diarios durante 20 meses e inhabilitación para empleo o cargo público durante siete años como presunto autor de un delito de prevaricación medioambiental y otro de prevaricación común. La acusación del fiscal se basa en la actuación de Delgado en relación a las obras de reforma y ampliación de un supermercado del municipio que, según el escrito de acusación, aunque se realizaron en 2006, «no contaron con la regularización administrativa respecto a emisión de ruidos hasta agosto de 2014», ocho años después, recoge el documento.

Durante este tiempo, siempre según los argumentos de la Fiscalía, «el alcalde no hizo nada para hacer cesar la ilegítima actuación, permitiendo el desarrollo de la actividad, los ruidos superiores a lo permitido legalmente y el consiguiente perjuicio a la familia» de J. M.M, la denunciante. En este sentido, el escrito del fiscal acusa de «pasividad» y «falta de cumplimiento de sus obligaciones» al Consistorio, que «hizo caso omiso de las quejas y reclamaciones de la perjudicada». De hecho, si bien reconoce la Fiscalía que la Alcaldía dictó varias resoluciones para solucionar el problema, «no se dio cumplimiento a las mismas ni se ejecutaron las medidas para el cese de la actividad». Y, explica el fiscal, «no fue hasta agosto de 2014 que se cumplieron la totalidad de los requisitos exigidos por la administración» en materia de ruidos para este empresa, cuyo propietario F.J.A.R. también está acusado de un delito contra el derecho fundamental al medio ambiente y la calidad de vida en las personas. Para él pide el fiscal una pena de 3 años de prisión, una multa de 20 euros diarios durante 20 meses e inhabilitación especial de tres años para actividades empresariales susceptibles de generar contaminación acústica.

«Enemistad e interés político», según el alcalde

Sin embargo, la versión del alcalde hueteño es completamente distinta y, al término de la vista, Delgado se mostraba «tranquilo» y «contento con el desarrollo del juicio, que ha servido para confirmar que todo se ha hecho conforme a Ley», explicaba a Ideal Fernando Delgado, para el que el caso obedece a «una enemistad entre dos vecinos, la denunciante y el dueño del supermercado», así como al «interés político». «Todo para desprestigiar mi imagen y perjudicarme», valoraba el primer edil, que aseguraba que «se han hecho 13 estudios acústicos por seis empresas diferentes -y tres de ellos desde la delegación de Medio Ambiente de la Junta- y todos han sido favorables», detallaba el regidor. Apuntaba asimismo que «la denunciante no dejó en cinco ocasiones entrar a los técnicos para hacer la medición» y que «no acudió al examen pericial para determinar el grado de afección que estaba teniendo, según ella, su salud». Delgado insiste en que «se actuó de forma correcta» y que «el supermercado, con licencia desde 1989, no se podía cerrar porque, según la Ley Medioambiental, tiene que haber un exceso de 6 decibelios para ello». «Si lo hacía el que denunciaba era el empresario al Ayuntamiento», comentaba el regidor, cuyo abogado defensor, Ernesto Osuna, también recalcaba que «tanto los testimonios de los técnicos de la Junta como los de los funcionarios municipales dejan claro que todo se hizo correctamente, que no se ha vulnerado nada y que se le exigió al supermercado prácticamente lo que se le pide a una discoteca«.

Para demostrar la inocencia del alcalde hueteño, la parte defensora también argumentaba que la acusación «tampoco ha aportado el acta de la Junta de Gobierno donde se aprobó la licencia» ni se ha justificado «por qué no se denunció, si había vulneración según la perjudicada, al resto de miembros». Según el abogado defensor, durante el juicio los técnicos públicos han reparado en cuestiones como que «el ruido de fondo de cualquier calle normal está por encima del nivel acústico detectado en la vivienda».

 

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