La residencia lojeña de la Misericordia recuperará cerca de 200.000 euros por el Caso Barquero

La residencia lojeña de la Misericordia recuperará cerca de 200.000 euros por el Caso Barquero

El Tribunal Supremo «ha rechazado el recurso de casación del exadministrador», condenado por la Audiencia Provincial por apropiación indebida

IDEAL Loja

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha comunicado «la no admisión del recurso de casación presentado por Francisco Barquero -exadministrador de la Fundación Hospital Asilo 'Nuestra Señora de la Misericordia' de Loja- contra la sentencia de 26 de diciembre de 2017 de la audiencia Provincial, que lo condenaba como autor de un delito de apropiación indebida. El Tribunal considera que «quedó acreditado que el acusado, en su condición de administrador y con facultades de disposición de las cuentas bancarias, dispuso, con ánimo de lucro y en su propio beneficio, del dinero de la Fundación en forma diferente y distinta a la que estaba autorizado, causando un perjuicio a la misma», recoge una nota de prensa enviada a los medios.

Con dicha decisión en la última instancia que le quedaba al acusado, queda verificada la sentencia de la Audiencia Provincial que dictamina que Barquero deberá de responder a la pena de tres años y medio de prisión y la inhabilitación especial para ocupar cargos en Fundaciones sin ánimo de lucro durante el mismo periodo de tiempo. «Además deberá indemnizar a la Fundación Hospital Asilo Nuestra Señora de la Misericordia con la cantidad de 164.158,31 euros más el interés legal, así como al pago de las costas procesales incluidas las de la acusación particular», explicaba tras conocerse la noticia el alcalde y presidente de la fundación, Joaquín Camacho.

Recordaba Camacho que en el auto el juez provincial expone la existencia de unos ingresos «no justificados» en la cuenta bancaria personal de Barquero. Desde enero de 2008 hasta julio de 2014 el exadministrador se transfirió 1.200 euros mensuales en concepto de nómina además de los 500 euros que tenía como salario reconocido. En total, 110.463 euros sin declarar, «que escapaban al conocimiento de los patronos de la fundación», recoge el comunicado. También se han investigado distintas transferencias que efectuó Barquero desde enero de 2012 a julio de 2014 de 41.000 euros de la residencia a una cuenta bancaria con el concepto «B.P.C.». supuestamente como pago a un proveedor de limpieza. Según indica el magistrado en el auto, esas iniciales corresponden a «Barquero Pérez Consultores», una entidad de la que el acusado es socio único. Se simulaba de esta forma «que dichas cantidades respondían a suministros de servicios».

Ante el Tribunal Supremo Barquero alegó 8 motivos, destinados principalmente a hacer entender que «se confunde lo que es un Patronato Municipal, como ente perteneciente y dependiente del Ayuntamiento, respecto de lo que es un Patronato como órgano de Gobierno de una Fundación Privada». El Tribunal no atiende a esa diferencia quedando probado que se trata de una Fundación privada con sus patronos correspondientes.

Según la nota remitida por el Ayuntamiento, «en sus observaciones el Supremo deja claro el papel defensor de los intereses de la Fundación del alcalde de Loja, Joaquín Camacho, como presidente de la misma». «Éste, al ver en el año 2014 que la contabilidad de la fundación no mejoraba sino que empeoraba y que había una grave situación económica, decidió prescindir del administrador y nombrar otro, que observó irregularidades». Camacho decidió comunicárselo a la Junta de Patronos, que denunció el caso como hizo también el propio Camacho.

El Tribunal deja claro que Barquero daba las órdenes de pago. Asimismo, la sentencia prueba que ese desfase en la nómina no se debió a funciones de asesoría contratadas al acusado ya que esas funciones las realizaba otra asesoría local. Según la nota, «el propio Ministerio Fiscal llegó a pedir hasta 6 años de prisión al entender que existen otros perjuicios derivados de las deudas contraídas por la Fundación a consecuencia de estos hechos», en referencia a lo debido a trabajadores, proveedores, Agencia Tributaria y Tesorería de la Seguridad Social.

Tras la decisión del Tribunal Supremo, Camacho decía sentirse «satisfecho» por el hecho de que «cerca de 200.000 euros volverán a la residencia, de donde nunca debieron salir» y valoraba que «se ha hecho justicia, principalmente con los mayores residentes y con los trabajadores, a los que se les llegó a deber hasta 10 nóminas». El presidente de la fundación, Camacho, se reunía con los trabajadores en las últimas horas para informarles de la decisión del alto tribunal.

 

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